Muchos autónomos pierden la Segunda Oportunidad por un error al explicar el origen de sus deudas.

Muchos autónomos que podrían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad están perdiendo esa opción por un error clave al explicar sus deudas ante el juez. La diferencia que marca el resultado no está tanto en cuánto deben o en qué gastaron el dinero, sino en cómo se interpreta su situación: si existía capacidad real de pago cuando contrajeron esas obligaciones y qué provocó después que dejaran de poder cumplirlas.

Ese matiz tiene una consecuencia directa para miles de pequeños negocios: no es lo mismo haber pedido financiación cuando la actividad funcionaba con normalidad que haber actuado con engaño, ocultación o una conducta claramente imprudente. Además, expertos en Derecho Concursal advierten de que el análisis no debería centrarse solo en el criterio del autónomo, ya que también puede ser relevante cómo se concedió el crédito y si la entidad financiera evaluó correctamente su capacidad de pago.

Muchos autónomos han visto cómo su situación económica empeora en pocos meses por la caída de clientes, el aumento de costes o problemas personales que afectan al negocio. La propia doctrina jurídica y la justicia europea ya apuntan en esa dirección: la catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena ha defendido que el sobreendeudamiento no puede analizarse sin tener en cuenta al prestamista, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha exigido sanciones efectivas cuando no se evalúa correctamente la solvencia antes de conceder crédito.

La situación del autónomo al solicitar el préstamo es clave para la Segunda Oportunidad.

Endeudarse forma parte de la actividad habitual de cualquier negocio. Un autónomo puede pedir financiación para invertir, comprar herramientas o mantener su actividad y seguir siendo solvente si en ese momento tiene ingresos suficientes para afrontar los pagos. La insolvencia aparece después, cuando esa capacidad desaparece y deja de poder cumplir regularmente sus obligaciones.

“Lo importante para los jueces es si, cuando se asumieron esas deudas, existía capacidad real para pagarlas”, explicó a este diario el profesional en este tema.  Ese criterio sitúa el análisis en el momento en que se contrajo la deuda y no en lo que ocurrió después, lo que cambia por completo la valoración del caso.

Esto implica que el procedimiento no debería centrarse en juzgar si el autónomo tomó decisiones más o menos acertadas con el dinero. “El juez no hace o no debe hacer un control moral del modo de vida del deudor”, advirtió el experto. La clave no es si una inversión o un gasto parecen razonables a posteriori, sino si existió transparencia y una expectativa lógica de pago.

El marco legal establece límites claros a los autónomos con deudas.

La normativa excluye de la exoneración a quienes hayan actuado con engaño, ocultación o temeridad, y obliga a valorar factores como la información patrimonial aportada, la situación personal o la conducta del deudor ante las primeras dificultades económicas. La ley fija cuándo se pierde el “El error más grave es faltar a la verdad”. A partir de ahí, el problema no suele ser la deuda en sí, sino no poder acreditar que, cuando se asumió, el negocio generaba ingresos suficientes o existía una previsión razonable de cumplir con los pagos. Ocultar o no poder demostrar la situación real puede cerrar la puerta a la Segunda Oportunidad.

Esto obliga a los autónomos a preparar bien su caso. No basta con demostrar que ahora no pueden pagar: deben explicar con claridad cómo era su situación al endeudarse y qué cambió después. Esa reconstrucción es la que permite al juez diferenciar entre casos y decidir si hubo buena fe o conducta sancionable.

El papel del banco también puede ser decisivo en la Segunda Oportunidad.

El análisis de estos casos no se limita a la conducta del autónomo. Cada vez cobra más importancia cómo se concedió el crédito y si la entidad financiera actuó con la diligencia exigible antes de formalizar la operación. En especial, en situaciones en las que el endeudamiento creció a partir de financiación sucesiva. La forma en que se concedió el crédito puede influir en el resultado del procedimiento.

“No puede analizarse la conducta del deudor sin mirar también la del acreedor”. Este planteamiento conecta con una línea doctrinal que viene defendiendo que el origen del sobreendeudamiento no siempre está solo en quien pide el dinero, sino también en quien lo concede sin evaluar correctamente su devolución. El análisis debe incluir también la actuación de la entidad financiera en el origen de la deuda.

En esa línea, la catedrática de Derecho Civil M. Cuena Casas. ha advertido de que nadie se endeuda de forma irresponsable si no existe también un prestamista que concede crédito sin la debida diligencia. Este enfoque introduce un elemento de equilibrio en el análisis, al obligar a valorar la actuación de ambas partes en el origen de la deuda. La responsabilidad del banco entra en juego cuando no evalúa la solvencia del cliente.

El debate ha llegado ya a la justicia europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de octubre de 2024, recordó que los Estados deben garantizar sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” cuando no se evalúa correctamente la solvencia del consumidor antes de conceder crédito. La justicia europea exige sanciones cuando no se analiza bien la solvencia antes de prestar dinero.

“No se puede castigar al deudor y premiar al prestamista irresponsable”, añade el profesional. A partir de este enfoque, algunos expertos sostienen que, si la financiación se concedió sin un análisis riguroso de la capacidad de pago, ese elemento puede influir en la valoración del juez y reforzar la posición del autónomo en un procedimiento de Segunda Oportunidad. Un crédito mal concedido puede reforzar la posición del autónomo en el proceso.

Para los autónomos, este enfoque tiene una consecuencia práctica: revisar cómo se originó la deuda puede ser tan importante como explicar por qué no pueden pagarla ahora. Si la financiación se concedió sin un análisis adecuado, ese elemento puede reforzar su posición dentro del proceso. Revisar el origen del crédito puede ser clave para defender el caso ante el juez.

En definitiva, la Ley de la Segunda Oportunidad no está pensada para castigar a quien se endeudó, sino para ofrecer una salida a quien actuó con buena fe y acabó en insolvencia por causas sobrevenidas. “No está para castigar a quien cayó, sino para dar salida a quien actuó de buena fe y después sufrió una insolvencia sobrevenida”, .

 La ley busca dar salida a quien actuó de buena fe, aunque haya terminado en insolvencia.

Fuente.- Auónomos y Emprendedores