Las cuatro señales de alarma que ignoran las empresas que quiebran.

El experto en Mercantil y Concursal J. López y García de la Serrana subraya la importancia de pedir ayuda a tiempo y no cuando ya no hay solución: «Arrastramos el tabú del fracaso».

Los problemas empresariales deben abordarse antes de que la insolvencia sea irreversible, tratando de preservar las empresas que sean económicamente viables y facilitando una liquidación rápida y ordenada de aquellas que no lo sean. Es la filosofía de la que partía la transposición al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2019/1023, mediante la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, una reforma que ha supuesto uno de los cambios más profundos del sistema concursal de las últimas décadas.

Una de las principales novedades son los planes de reestructuración, que sustituyen a los anteriores acuerdos de refinanciación y permiten actuar en una fase mucho más temprana y los nuevos procedimientos para microempresas. En el caso de Granada en los primeros seis meses del año han sido 18 planes de reestructuración de microempresas y dos de reestructuración.

«Para los economistas, este nuevo modelo es muy acertado, ya que refuerza especialmente la importancia del diagnóstico temprano de la situación económico-financiera de la empresa, las previsiones de tesorería, los planes de viabilidad y la valoración de empresas y unidades productivas. La reestructuración no es exclusivamente una cuestión jurídica: requiere necesariamente integrar los aspectos jurídicos con el análisis económico y financiero para determinar si existe una empresa viable que merezca ser preservada», valora A. Quero Jiménez, presidente de la Comisión de Concursal y Mercantil del Colegio de Economistas de Granada. De hecho el reto del colegio es que las empresas conozcan más estas herramientas «muy poderosas para la salvación en situación de insolvencia o preinsolvencia».

Sin embargo, los expertos coinciden en que la reforma está teniendo un funcionamiento agridulce y que, en la práctica, presenta numerosos problemas, entre ellos la rigidez técnica y los formularios automáticos «en los que raramente encaja la insolvencia de una empresa».

Pero lo más grave, en opinión del letrado J. López y García de la Serrana, no es lo informático, es lo humano. «En aras de abaratar el proceso, la ley eliminó por defecto la figura del Administrador Concursal. Esto ha provocado un colapso en los juzgados, que tienen que asumir esa carga de trabajo, y ha creado un vacío legal dramático para los trabajadores. Al no haber administrador que certifique oficialmente lo que se les debe, los trabajadores se quedan en un limbo y tienen enormes dificultades para cobrar del Fogasa.

Hoy por hoy, no es un proceso ágil, es un cuello de botella», advierte.

En resumen, el experto en Mercantil y Concursal entiende que las reformas legales son operativas en cuanto a que reducen tiempos burocráticos cuando hay acuerdo, «pero aún necesitan ajustes y una mayor flexibilidad para ser una verdadera vía de rescate».

«Las reformas tienen el potencial de ayudar, pero para que sea una realidad tenemos que derribar dos muros enormes: el crédito público y el estigma cultural. Por un lado, la pequeña empresa granadina suele acumular mucha deuda con Hacienda y Seguridad Social, y la ley sigue poniendo muchas trabas para flexibilizar esa deuda pública en los planes de continuación. Las administraciones públicas actúan con una rigidez extrema embargando cuentas e impidiendo aplazamientos y que la empresa funcione. Es muy complicado negociar con ellos», valora el experto.

Por otro lado, López y García de la Serrana, cree que arrastramos el tabú del fracaso. «El pequeño empresario granadino sigue viendo el concurso de acreedores como una vergüenza pública. ¿Qué ocurre entonces? Que no acuden a nosotros cuando tienen los primeros problemas de liquidez e inician una huida hacia delante, retrasan el pago de impuestos, tiran de pólizas de crédito y empiezan a inyectar patrimonio personal y firmar avales solidarios si no lo han hecho antes. Y por desgracia la mayoría llegan al juzgado cuando la empresa ya está muerta y la familia arruinada», relata.

Dicho esto, subraya que la reforma trae «algo muy bueno que va a ayudar a muchos autónomos y microempresarios de Granada»: la Segunda Oportunidad. Si la empresa no se puede salvar, la ley ahora permite a los empresarios cancelar sus deudas y, mediante un plan de pagos, proteger su vivienda habitual para no quedar condenados de por vida. «La herramienta está ahí y es muy potente, pero para que ayude de verdad a nuestro tejido empresarial, hay que perder el miedo y acudir al profesional a los primeros síntomas de crisis», insiste.

«El mayor error del empresario es pensar que la insolvencia llega de un día para otro. La caída siempre avisa y las señales de alerta, lo que llamamos legalmente 'probabilidad de insolvencia', son casi idénticas en el 90% de las empresas concursadas», subraya.

Su dilatada experiencia en estos procedimientos concursales le permite trazar un denominador común y señalar cuatro señales de alarma, cuya aparición deben hacer reaccionar a las empresas.

La primera es financiarse a costa del Estado: «Ocurre cuando el empresario utiliza el dinero del IVA o de retenciones de IRPF para pagar las nóminas del mes o proveedor urgente».

La segunda, poner patrimonio personal: «cuando el administrador deja de cobrar su propia nómina durante meses e inyectar sus ahorros personales en la sociedad».

La tercera, el crédito a corto plazo: «Cuando las líneas de descuento o pólizas de crédito no se utilizan para el circulante normal del negocio sino para »tapar el agujero del mes anterior«

Y por último, los retrasos en las nóminas: «Cuando las empresa que religiosamente pagaba el día 1 ahora paga el 10, luego en dos plazos y finalmente acumula una mensualidad de retraso».

Fuente.- Refor