Hacienda pierde el derecho a reclamar una deuda a los cuatro años, pero un requerimiento reinicia el plazo.
Es muy importante tener en cuenta que “la Agencia Tributaria avisa que la prescripción no opera automáticamente y que determinadas actuaciones interrumpen el contador de los cuatro años fijado por la Ley General Tributaria”.
Para aquellas empresas que están inactivas con deudas con la AT es especialmente peligroso dejarlas acumular con intereses y sanciones, acaban en su mayoría en la derivación de responsabilidad al administrador social.
La Agencia Tributaria avisa que la prescripción no opera automáticamente y que determinadas actuaciones interrumpen el contador de los cuatro años fijado por la Ley General Tributaria.
Muchos contribuyentes creen que basta con dejar pasar el tiempo para que una deuda con Hacienda desaparezca. Sin embargo, en España la normativa tributaria establece un matiz que se debe tener en cuenta: aunque la Agencia Tributaria dispone con carácter general de un plazo de cuatro años para liquidar una deuda o exigir su pago, ese periodo puede reiniciarse si se produce una actuación administrativa válida comunicada al contribuyente.
La regla general aparece recogida en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, que fija un plazo de prescripción de cuatro años para varios derechos tanto de la Administración como de los ciudadanos. Entre ellos figuran el derecho de Hacienda a determinar una deuda tributaria mediante liquidación y el derecho a exigir el pago de deudas ya liquidadas o autoliquidadas.
Eso significa que la Administración no puede actuar indefinidamente. Si transcurre el plazo legal sin actuaciones que interrumpan la prescripción, pierde la posibilidad de ejercer esos derechos. Pero la clave está precisamente en esas interrupciones.
Cuándo se inician los cuatro años
La fecha de inicio no siempre es la misma. Según la Ley General Tributaria, el cómputo para que Hacienda pueda determinar una deuda comienza, con carácter general, al día siguiente de que finalice el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente.
En cambio, cuando la deuda ya ha sido liquidada y lo que queda pendiente es su cobro, el plazo comienza a contar desde el día siguiente al final del periodo voluntario de pago.
Esta diferencia resulta importante porque muchas personas confunden la prescripción del derecho de Hacienda a liquidar un impuesto con la prescripción del derecho a reclamar una deuda ya existente. La propia Ley General Tributaria los considera derechos distintos, cada uno con su propio cómputo.
Atención a este detalle
La Agencia Tributaria dispone de mecanismos legales para evitar que el plazo siga corriendo. El artículo 68 de la Ley General Tributaria regula los supuestos de interrupción de la prescripción.
Entre ellos figuran las actuaciones administrativas realizadas con conocimiento formal del obligado tributario y dirigidas a la comprobación, inspección, regularización o liquidación de una deuda. En la práctica, una notificación, un requerimiento de información o el inicio de un procedimiento pueden interrumpir el plazo.
Cuando eso ocurre, el contador no continúa donde estaba, sino que vuelve a empezar desde cero. Es decir, si habían transcurrido tres años y once meses desde el inicio del cómputo y la Agencia Tributaria notifica una actuación válida, se abre un nuevo periodo completo de cuatro años.
Quién puede interrumpir el plazo
La interrupción tampoco depende exclusivamente de la Administración. Determinadas actuaciones del propio contribuyente pueden producir el mismo efecto.
La presentación de recursos o reclamaciones, las solicitudes relacionadas con la deuda o determinadas actuaciones encaminadas a su pago también pueden interrumpir la prescripción y reiniciar el cómputo legal.
Por este motivo, los expertos recomiendan revisar con detalle el historial completo de comunicaciones y actuaciones antes de considerar prescrita una deuda tributaria.
La prescripción afecta a las devoluciones
El plazo de cuatro años no solo limita la actuación de Hacienda. La Ley General Tributaria establece igualmente que los contribuyentes disponen de cuatro años para solicitar devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos de determinadas garantías.
Una vez transcurrido ese tiempo, también puede extinguirse el derecho del ciudadano a reclamar esas cantidades, salvo que se hayan producido causas legales de interrupción.
Agencia Tributaria explica la normativa
La normativa que aplica la Agencia Tributaria deja claro que la prescripción constituye una garantía jurídica para contribuyentes y Administración, pero también que no basta con esperar cuatro años para que una deuda desaparezca automáticamente. El cumplimiento de los plazos depende de cuándo comenzó el cómputo y de si durante ese periodo se han producido actuaciones con efectos interruptivos.
Por ello, recibir una notificación de Hacienda, aunque se produzca cuando el plazo parece estar cerca de agotarse, puede ser suficiente para que la Administración conserve durante otros cuatro años la facultad de revisar, liquidar o reclamar una deuda tributaria.
Fuente.- B.Insider
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