Por qué anticiparse marca la diferencia en los procesos de reestructuración empresarial.

La reestructuración se consolida como una herramienta estratégica para preservar valor y garantizar la continuidad del negocio.

En los últimos tres años, el nuevo marco concursal ha coincidido con un aumento sostenido de las operaciones de reestructuración en España. Todo apunta a que esta tendencia se intensificará en el segundo semestre de 2025 y alcanzará su punto álgido en la primera mitad de 2026, con cierto desfase respecto a otros países europeos.

Las razones son claras. Por un lado, la incertidumbre económica y geopolítica —con las amenazas arancelarias como telón de fondo— se ha convertido en un factor clave en la toma de decisiones. Por otro, la proximidad de los vencimientos de los préstamos públicos concedidos durante la pandemia está añadiendo presión financiera a muchas compañías. Este doble contexto está actuando como catalizador de procesos de reestructuración cada vez más complejos.

Lo que emerge con fuerza es la convicción de que la anticipación es decisiva. Las reestructuraciones ya no se conciben como meros mecanismos de reacción ante un incumplimiento, sino como instrumentos preventivos que ayudan a empresas y acreedores a adaptarse a un entorno en transformación constante.

Cada vez más compañías optan por incorporar socios industriales o financieros en sus planes de reestructuración. No se trata únicamente de inyectar recursos, se busca experiencia, capacidad de ejecución y acompañamiento en procesos de transformación operativa que exigen músculo adicional. Es cierto que esta vía puede suponer la pérdida de control por parte de los socios originales, pero también es, en muchos casos, la mejor alternativa para garantizar la viabilidad empresarial en contextos tan exigentes.

Los focos de mayor actividad son varios, pero todos comparten un denominador común: la necesidad de ajustar su modelo de negocio para sobrevivir en un entorno cambiante.

En energías renovables y autoconsumo, tras un ciclo de crecimiento acelerado impulsado por la escalada de precios energéticos, la posterior normalización ha desplomado la demanda. Muchas compañías no han podido adaptar su estructura a la nueva realidad y han acabado en procesos de reestructuración.

El sector EPC se enfrenta a la tormenta perfecta de inflación, volatilidad en las cadenas de suministro y rigidez contractual. La ausencia de cláusulas de revisión de precios ha erosionado márgenes ya ajustados, mientras que la exigencia de avales en efectivo ha estrangulado la liquidez. El resultado es un círculo vicioso que amenaza la sostenibilidad de numerosas compañías.

En automoción y su industria auxiliar, la irrupción de competidores chinos intensifica la presión competitiva en un momento de gran incertidumbre sobre la transición al vehículo eléctrico. La falta de infraestructuras de recarga y la indefinición regulatoria actúan como freno, amplificando la vulnerabilidad de todo el ecosistema.

Todos comparten un denominador común: La necesidad de ajustar su modelo de negocio para sobrevivir en un entorno cambiante.

El sector agroalimentario también vive bajo tensión. A los costes crecientes de la energía y de los insumos se suman dos factores de más difícil resolución: la escasez de mano de obra cualificada en zonas rurales y el envejecimiento poblacional, que limitan la capacidad de renovación generacional.

En este escenario, crece entre los acreedores la disposición a buscar soluciones consensuadas cuando se ponen sobre la mesa planes de negocio sólidos y un compromiso real por parte de los socios. Este consenso no solo agiliza la implementación de las reestructuraciones, sino que reduce la litigiosidad y aporta mayor certidumbre.

Sin embargo, la participación de determinados acreedores públicos introduce un nivel adicional de complejidad. Las limitaciones normativas que restringen la extensión de plazos dificultan los acuerdos en operaciones que requieren horizontes más amplios. Ante este obstáculo, Se están estructurando esquemas con clases de créditos que, gracias al respaldo mayoritario, permiten arrastrar a la parte avalada por el ICO sin que ello implique la pérdida del citado aval. Esta alternativa, en determinadas ocasiones, se está utilizando como un instrumento clave para facilitar procesos de reestructuración más sostenibles y eficaces. En este contexto, será fundamental que el marco normativo continúe evolucionando, a fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de las empresas inmersas en procesos de reestructuración.

La reestructuración, por tanto, no debe interpretarse como un fracaso inevitable, sino como una oportunidad de cambio estratégico. El entorno no ofrece treguas y la ventana para actuar se estrecha. Las compañías que sepan anticiparse, consensuar con sus acreedores e incorporar el talento y los recursos necesarios tendrán más opciones de preservar valor y salir fortalecidas, en lugar de limitarse a gestionar el declive, con menos margen de maniobra y un coste mucho más elevado.

Fuente: El Confidencial