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Los jueces están ampliando la interpretación de lo que puede considerarse deuda exonerable.

  • Foto del escritor: Juan Lopez
    Juan Lopez
  • 6 jun
  • 3 Min. de lectura
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Una deuda de 180.000 euros no impide a un autónomo conservar su vivienda por la Ley de la Segunda Oportunidad.


La sentencia de exoneración de 180.000 euros ha sido posible gracias a un plan de pagos viable, tutelado por el juez. Es una de las primeras sentencias de Ley de Segunda Oportunidad que evita al autónomo perder la vivienda familiar.


La sentencia reduce el temor de los autónomos a perder la vivienda habitual por cierre.


El procedimiento judicial se prolongó más de cuatro años.


Los juzgados amplían la interpretación de qué es deuda exonerable.


Un autónomo de Òdena, un municipio de la provincia de Barcelona ha logrado conservar su vivienda habitual pese a arrastrar una deuda de más de 180.000 euros derivada del fracaso de su negocio de hostelería. Como todo emprendedor sabe, un autónomo responde de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. Sin embargo, el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho al propietario de un negocio tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, aplicando una medida introducida en la última Reforma Concursal que permite mantener la vivienda si se aprueba un plan de pagos viable y no impugnado por los acreedores.


El caso ha sido tramitado por un despacho especializado en Derecho Concursal, que destacó a este diario que la resolución “marca un precedente esperanzador para autónomos que, habiendo actuado de buena fe, temen perder su patrimonio personal, que suelen poner como aval para conseguir financiación para su negocio”.


De hecho, el juez ha aprobado un plan de pagos de 379,50 euros al mes durante cinco años, lo que permite al deudor hacer frente a una parte de la deuda sin riesgo de embargo, ni liquidación de su vivienda familiar.


La sentencia reduce el temor de los autónomos a perder la vivienda habitual por cierre.

 

El protagonista del caso acumuló más de 180.000 euros de deuda tras invertir en el traspaso de un bar, con la intención de emprender sin abandonar su empleo como asalariado. La operación fue financiada con préstamos concedidos con facilidad por su entidad bancaria, debido a sus ingresos estables en ese momento.


Llegada la pandemia, las restricciones sanitarias forzaron el cierre del local y dejaron al autónomo sin capacidad de generar ingresos, pero con múltiples obligaciones financieras. “El endeudamiento fue creciendo de forma exponencial por los intereses acumulados. No podía pagar ni los suministros, y empezó a aceptar el ofrecimiento de nuevas tarjetas y préstamos para cubrir gastos básicos”, explicaron en el bufete. La situación financiera se volvió insostenible mucho antes de que pudiese solicitar ayuda legal.


“En lugar de apoyarle con una reestructuración flexible, el banco llegó a proponerle productos como un coche de renting, que agravaron aún más su situación”, denunciaron las mismas fuentes. Si bien, el comportamiento de la entidad financiera varió radicalmente cuando detectó dificultades económicas, dejando de ofrecerle soluciones viables.


Según este bufete especializado en Derecho Concursal, “el autónomo reunía los requisitos para iniciar el procedimiento”. Y el caso fue evaluado desde el primer momento como el de un deudor de buena fe, tal como exige la ley para poder obtener la exoneración.


“Cumplía todos los criterios exigidos por la ley, especialmente el de buena fe”, destacan fuentes del despacho. Según lo establecido en el artículo 487.1 de la Ley Concursal, para poder beneficiarse de la exoneración, el deudor no debe haber sido condenado por delitos patrimoniales, ni administrativos graves, ni haber provocado el concurso con mala praxis. Tampoco había actuado con negligencia en la generación de la deuda.


El procedimiento judicial se prolongó más de cuatro años.


Dada la complejidad del caso y la necesidad de justificar todas las operaciones previas a la solicitud, el caso se demoró cuatro años. Durante ese tiempo, el afectado sufrió presiones continuas por parte de empresas de recobro, tanto por teléfono como por otros canales.


Fuente: Autónomos y Emprendedores

 
 
 

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